Cancún, Quintana Roo, 10 de noviembre de 2026.- El Colegio Nacional Voces Legales informó a la opinión pública su respaldo en favor del diálogo y el fortalecimiento de la carrera judicial, reconociendo la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Órgano de Administración Judicial, de las representaciones sindicales y de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de construir acuerdos que favorecen la reanudación de las labores judiciales en beneficio del propio sector y su entorno.
La presidenta del Consejo Directivo del Colegio Nacional Voces Legales, Maestra Miriam Julieta Vargas Laguna, recordó que el acuerdo anunciado el pasado 7 de noviembre prevé revisar el esquema de evaluación para que sus resultados carezcan de efectos sancionatorios y de consecuencias sobre la permanencia en el cargo, por ello destacó la apertura a la emisión de diferentes voces para alcanzar un entendimiento.
“El Colegio valora que las inquietudes del personal se hayan atendido en la mesa de diálogo y que el entendimiento alcanzado permita retomar la atención a las personas justiciables”.
Expresó que la carrera judicial se sostiene en la vocación de servicio y a quienes juzgan y a quienes hacen posible la labor de los tribunales les corresponde cultivar esa vocación mediante la formación continua.
“Fortalecer la carrera judicial exige acreditar el mérito y la preparación desde el ingreso y ofrecer oportunidades de capacitación y actualización a lo largo de la trayectoria profesional”, expuso.
La Maestra Miriam Julieta Vargas explicó que desde la justicia abierta, la objetividad se traduce en reglas claras.
Añadió que los mecanismos de evaluación que se definan deben tener criterios conocidos de antemano, sustentarse en evidencia verificable y permitir que cada persona conozca su resultado y solicite su revisión.
Destacó que la finalidad debe ser identificar necesidades de formación y mejorar el servicio.
En cuanto a la permanencia en el cargo, manifestó que ésta debe quedar protegida frente a apreciaciones subjetivas, con pleno respeto a la estabilidad laboral y a los derechos adquiridos, lo que significa contar con evaluaciones objetivas, que permitan conocer cuáles aptitudes formarán parte de los ejercicios de valoración, así como el acceso a mecanismos de inconformidad y una resolución transparente, proporcional, exhaustiva y congruente respecto de sus inconformidades.
Añadió que lo anterior representa, sin duda, una garantía de un pleno ejercicio material del principio de legalidad, más allá de cualquier formalismo.
“Como organización de la sociedad civil, el Colegio estará siempre a favor de garantizar mesas de diálogo y construir acuerdos que protejan los derechos de las personas. Desde la justicia abierta, sostenemos que es una exigencia ciudadana que las autoridades actúen con transparencia y expliquen con claridad”, concluyó.
